Resumen en 30 segundos
En la era actual, donde la Inteligencia Artificial (IA) es motor de innovación, Europa da un paso decisivo con la Nueva Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Este marco regulatorio integral busca equilibrar el progreso tecnológico con la protección de derechos fundamentales, reforzando la confianza en la IA en ámbitos sociales y económicos.
La ley clasifica los sistemas de IA según su impacto en salud, seguridad y derechos fundamentales:
Riesgo inaceptable (prohibidos)
Alto riesgo (requisitos estrictos)
Riesgo limitado / mínimo (obligaciones leves)
La Nueva Ley de Inteligencia Artificial exige a proveedores, integradores y usuarios:
Además de regular, el AI Act contempla sandboxes regulatorios, apoyo a PYMES, inversión y creación de un mercado único para aplicaciones de IA legales y seguras, con el objetivo de consolidar a Europa como referente en IA fiable.
El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual (según la gravedad y el tipo de infracción).
Nota legal: Contenido informativo, no constituye asesoramiento jurídico.
La Ley de Inteligencia Artificial de la UE es pionera. Al igual que el RGPD en privacidad, se espera un efecto arrastre hacia estándares éticos y regulatorios de IA a nivel global.
Para facilitar la adopción, la Comisión Europea impulsa iniciativas como el Pacto de IA, invitando a proveedores y usuarios a anticipar el cumplimiento y a fortalecer un ecosistema seguro y competitivo.
¿Qué es la Nueva Ley de Inteligencia Artificial?
Es el marco normativo de la UE que regula el desarrollo y uso de IA con un enfoque por riesgos, priorizando la seguridad y los derechos fundamentales.
¿A quién aplica?
A proveedores, integradores y usuarios de sistemas de IA en el mercado de la UE, con obligaciones proporcionales al nivel de riesgo.
¿Qué usos están prohibidos?
Los de riesgo inaceptable, como la vigilancia masiva indiscriminada, el puntaje social por gobiernos y la manipulación del comportamiento.
¿Qué implica ser “alto riesgo”?
Cumplir requisitos estrictos: gestión de riesgos, calidad de datos, documentación técnica, trazabilidad, transparencia y supervisión humana.
¿Cuáles son las sanciones?
Hasta 35 millones € o el 7% de la facturación global anual, según la infracción y el tipo de entidad.